Don Arturo Fernández de 86 años de edad, ciudadano de la tercera edad que padece de cáncer y problemas cardíacos, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador solicitando ayuda para impedir el despojo de la casa de su esposa en la alcaldía de Azcapotzalco a manos de un grupo que dice simpatizar con la Cuarta Transformación y tener protección de funcionarios de gobierno como Claudia Sheinbaum y de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
Pero a pesar de que se escribió la carta e interpusieron la denuncia penal y demostraron la propiedad legal del inmueble, don Arturo y su esposa actualmente viven despojados en un asilo porque nadie les hizo justicia, esto de acuerdo con el reportaje especial de la Revista Proceso.
Este caso es uno entre muchos de denuncias e invasiones contra personas de la tercera edad y grupos vulnerables, y de acuerdo con el abogado del señor, los casos que están en la dependencia encabezada por Ernestina Godoy, aparecen involucrados policías, agentes de investigación, notarios públicos, funcionarios del Registro Público de la Propiedad, organizaciones sociales dedicadas al fraude y crimen organizado.
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En la carta, don Arturo denunció que fue el Bloque Urbano Popular quienes les quitaron la casa, quienes son coordinados por Gabriel Mayorga.
Igualmente denunció que los representantes de la organización identificados como José Luis Nájera Delgado y Arlette Rangel Barragán, operaron la invasión de su casa ubicada en la avenida Central 242, colonia Prohogar de la mencionada alcaldía, y quienes lo amenazaron de muerte tanto a él, a sus hijos y a su abogado.
“Como información adicional le comento que varios de los servidores públicos que nos han atendido nos pidieron que nos olvidemos de nuestra casa, ya que grupos como éste, Bloque Urbano Popular, y muchos otros son protegidos por las mismas autoridades”, escribió al mandatario federal.
¿Cómo operan estos grupos?
“Cuando regresé ya me habían robado todas mis cosas, abrieron mi departamento y me robaron sala, comedor, televisión, todo. ¡Ya no me dejaron entrar!... Me dijeron ‘está prohibido que usted pise aquí’.”
El día 17 de abril del 2016, cerca de las 4 de la tarde, don Arturo llegó a su casa, un edificio de dos plantas y seis departamentos, uno habilitado como garaje, encontrando en su fachada una manta que decía: “Este inmueble está protegido y resguardado por el Bloque Urbano Popular” y el nombre de Gabriel Mayorga como el coordinador nacional.
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Cerca estaba el logotipo del entonces gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Tras pasar unos días en Querétaro, el adulto mayor volvió a su casa porque su esposa necesitaba atención especial por sus enfermedades.
Según la denuncia que su hijo Pablo, apoderado legal de su esposa, interpuso en la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina, a cargo de Edmundo Garrido, y de la cual la reportera tiene copia, al día siguiente se encontró con Nájera y Rangel, quienes respectivamente se identificaron como abogado y representante del Bloque en Azcapotzalco, y le dijeron que querían comprar el inmueble.
Le ofrecieron un enganche de 400 mil pesos y, a más tardar, en diciembre de ese año, otro pago de 1 millón 750 mil pesos “con recursos que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (Invi) les daría”. Le advirtieron que les convenía vendérselos “porque de cualquier manera ellos ya tenían invadido el inmueble, habiendo roto y cambiado las chapas de la entrada principal y de las puertas interiores, y que ya no iba a haber lugar a negociaciones y ningún pago”.
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